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8 de abril de 2008

Nacional

Fallo del Tribunal Constitucional prohíbe "píldora del día después"

La votación fue dividida: cinco a favor y cuatro en contra. El voto decisivo fue del ex ministro Mario Fernández. Alcance real de la decisión generó alarma en el gobierno: podría afectar también la distribución de las píldoras anticonceptivas y la "T" de cobre, de amplio uso entre las mujeres en edad fértil.

A. M. Morales, G. Rodrigo y O. Fernández

03/04/2008 05:05

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En un fallo dividido, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger el requerimiento de un grupo de parlamentarios de la Alianza que solicitaron que se prohíba la distribución de "la píldora del día después" y otros métodos anticonceptivos como la "T" de cobre y las pastillas hormonales.

La votación fue de cinco a favor del requerimiento y cuatro en contra. No obstante, el contenido del fallo quedó en reserva mientras se redactan las conclusiones finales del documento.

El voto decisivo fue de Mario Fernández, ex ministro de Defensa del gobierno de Ricardo Lagos, quien se habría pronunciado contra las normas del gobierno.

De prohibirse la "píldora del día después" en el sistema público, Chile sería el quinto país del mundo -junto con Filipinas, Ecuador, Uganda y Costa Rica- en no tenerla, a partir de un catastro hecho a 206 naciones.

ALARMA EN EL GOBIERNO

Los alcances que pueda tener la resolución de los magistrados preocuparon al gobierno, porque aún no saben si afecta sólo a la "píldora del día después" o también al dispositivo intrauterino (T de cobre) y los anticonceptivos orales, métodos que los parlamentarios también solicitan que se  excluyan de las Normas de Regulación de la Fertilidad. Tampoco si sólo se objeta la entrega a los menores de 18 años.

La razón: el recurso presentado contra el fármaco fue amplio. Según el texto, se solicitó que "sean excluidos de la norma, y por consiguiente proscritos por inconstitucionales, todos los métodos descritos en la normativa cuyo mecanismo de acción sea, entre otros, el de la alteración endometrial, por ser abortivos". 

El gobierno se enteró hace tres días de la resolución y en La Moneda se han sostenido al menos tres reuniones para analizar los distintos escenarios. En ellas se resolvió que la ministra de Salud, María Soledad Barría, tomara la vocería del tema.

Ayer la secretaria de Estado lanzó una dura ofensiva en contra de la impugnación de las normas. Si bien no se refirió al fallo -el cual, indicó, desconoce y espera les sea informado oficialmente-, deslizó la preocupación del Ejecutivo si se acoge completamente el requerimiento de los parlamentarios de la Alianza.

"Espero que se tengan en consideración los 40 años de bien sanitario que se ha hecho con respecto a las normativas de regulación de la fertilidad y llamaría a las personas que han hecho esta impugnación a que nos señalen, entonces, cuáles serían los caminos eventuales para solucionar los problemas de la mortalidad materna y embarazo adolescente", dijo. Sobre esto último, Barría afirmó que un 2,7% de las jóvenes menores de 18 años del quintil más pudiente son madres, versus un 20,6% en el caso de los quintiles más pobres.

Consultado sobre el tema, el ministro Hernán Vodanovic, uno de los nueve magistrados del TC, dijo a La Tercera que "los acuerdos oficialmente no existen hasta que se expresan en una sentencia y no hay ninguna sentencia hasta la fecha".

REACCIONES

Organizaciones que se oponen al fármaco se manifestaron anoche frente al TC en apoyo de la resolución de los magistrados. Mientras, el abogado Jorge Reyes, quien representa a los parlamentarios de la Alianza, declinó comentar el fallo pues, dijo, aún no ha sido oficializado.

El doctor Horacio Croxatto, científico que ha investigado los efectos del fármaco y que asegura que no es abortivo, dijo que "lo que queda claro es que prevaleció una vez más la presión de la Iglesia por sobre la ciencia y los derechos humanos y se instauró la dictadura moral en Chile. Es lo más grave que le ha ocurrido al país en este siglo".

El diputado Marco Antonio Núñez (PPD) afirmó que "las implicancias respecto del embarazo adolescente y el aborto clandestino son enormes".

Jóvenes pobres se embarazan más

Entre las razones que se han esgrimido por parte del Ministerio de Salud para el reparto de la píldora, está que los grupos de riesgo de embarazo son las jóvenes en situación de escasos recursos.

Las cifras indican que en los sectores pobres una de cada cinco adolescentes menores de 20 años es madre, mientras que entre el sector acomodado una de cada 30 jóvenes tiene un hijo.

Otro antecedente indica que  el método más usado para evitar el embarazo juvenil es la anticoncepción oral y en tercer lugar los dispositivos intrauterinos, como la "T" de cobre.

El caso de "la píldora" en la justicia

Marzo 2001

Comienza la polémica luego que el ISP autorizó el registro de una versión de "la píldora del día después" llamada Postinal. Grupos opositores presentan la primera acción legal y la Corte Suprema falla en su favor, sacando el producto del mercado.

Noviembre 2002

El centro Ages interpuso una demanda contra la cartera de Salud y el ISP por distribuir (Postinor-2). En julio de 2004, el 20° Juzgado Civil de Santiago prohibió la venta de la pastilla debido a la presentación de Ages. En diciembre, la corte revoca el fallo.

Diciembre 2005

Ages presenta otro recurso, pero la Corte Suprema no modificó la sentencia anterior. La entidad Ages presenta un recurso contra el laboratorio Grünenthal que comercializa la pastilla. En vista de ello, la compañía retiró el fármaco y cerró su registro sanitario.

Febrero 2007

32 parlamentarios interponen un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Piden que no se permita la venta de sustancias que contengan levonorgestrel (como dispositivos de cobre, la píldora y anticonceptivos) a menores de 18 años.

Expertos: prohibición causaría alza de abortos

Si el levonorgestrel es declarado inconstitucional, no sólo la "píldora del día después" saldrá del mercado, sino también todos los  anticonceptivos que tengan ese compuesto, además de la T de cobre. Ese cambio en el panorama nacional afectaría a 3.358.196 mujeres de entre 15 y 49 años, y los expertos advierten que los abortos clandestinos doblarían a la cantidad de nacimientos adicionales que aparecerían después de la decisión.

Así lo explica el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y creador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, doctor Ramiro Molina y el director de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Giorgio Solimano, quienes enviaron un estudio al Tribunal Constitucional.

En él se indica que 54,8% de las chilenas usa anticonceptivos orales, 42,8% dispositivos intrauterinos y 2,4% inyectables.

Pero no es todo. Si el levonorgestrel fuera prohibido, Molina calcula que habría 150 mil nacimientos extras al año, y los abortos clandestinos llegarían a 275 mil, elevándose a 56 mil las hospitalizaciones por abortos. La mortalidad  materna por esa causa crecería entre dos y cinco veces.

Las cifras de la salud pública del 2007 indican que 1.160.229 personas usaron algún método de control de natalidad, siendo el dispositivo intrauterino el más usado (545.067). Le siguen los mecanismos hormonales combinados (424.458), progestágeno (65.544) e inyectable (58.873). Atrás está el preservativo: 48.747 fueron solicitados por mujeres y 11.273 por hombres.

Entre 1990 y 2000 las mujeres que usaron anticonceptivos facilitados por el Estado subieron en 60,3%.

Los escenarios del gobierno para enfrentar el veredicto del Tribunal Constitucional

Un fallo adverso, ya sea sólo a la "píldora del día después" o eventualmente a otros métodos anticonceptivos, obligaría a realizar cambios en las normas que hoy regulan la fertilidad. 

Esto, porque la sentencia del TC es inapelable. Al respecto, la ministra de Salud, María Soledad Barría, dijo que "siempre hemos actuado en el marco de la Constitución" y que acatarán el fallo.

Sin embargo, también estudian otras alternativas como realizar ajustes a las normas de planificación familiar o explorar la vía de un proyecto de ley.

Otra posibilidad es acudir a una corte internacional.

EL DÍA